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Si las empresas no aplican a partir del 1 de enero la facturación electrónica en sus procesos contables, se arriesgan a perder beneficios tributarios que actualmente tienen.

La facturación electrónica es una herramienta que fortalecerá el recaudo, pero también tiene otros beneficios para las organizaciones. No solo se debe implementar para aumentar la eficiencia al interior de los procesos de las compañías, también es importante exigirla a los proveedores con el fin de no perder beneficios tributarios, que al final se ven reflejados en las finanzas.

“Desde el próximo año las organizaciones deben empezar a disminuir -gradualmente- el porcentaje de facturas físicas o documentos similares como órdenes de compra o pedidos, guías de remisión, es decir, deben pedirlas en formato electrónico. En la actualidad la Dian las tiene habilitadas (facturas físicas) como documentos para requerir deducibles de gastos o impuestos, pero en 2020 inicia una transición para que no sea así”.

Según la nueva normatividad, el máximo que podrá soportarse sin factura electrónica para el año 2020 es el 30%; para 2021, se disminuye a 20%; y en 2022, el tope será apenas de 10%. En esa medida, la DIAN podrá hacer un control más efectivo con el fin de evitar casos como el del ‘cartel del IVA’, con lo que se seguirá incrementando el recaudo. Vale la pena destacar, que quienes exijan facturación electrónica serán menos vulnerables a estar involucrados en fraudes de este tipo por desconocimiento.

Sin duda, uno de los grandes beneficios al buscar que su ecosistema de clientes y proveedores facturen electrónicamente, es que en la medida que se reciban facturas electrónicas, la DIAN se asegura que no está presentando deducciones de gasto o impuestos de manera negligente, abriendo la puerta a que las compañías tengan la posibilidad de recibir hasta el 100% de las facturas de sus proveedores con deducciones.

Exigencias

Las organizaciones deberán exigir a sus proveedores, los documentos electrónicos, no porque los físicos tengan algún error, sino porque es la ley la que los obligará. Quienes venden productos y servicios deben analizar eso, ya que el día de mañana pueden perder clientes, pues ellos les exigirán que casi todo se facture electrónicamente, de no ser así seguramente deberán trabajar con compañías que puedan hacer ese proceso. Es mejor anticiparse a una transformación que se está desarrollando desde hace un buen tiempo y no perder dinero, oportunidades y clientes por esperar”.

Quienes utilizan las facturas físicas para legalizar gastos de alimentación, hospedaje o transporte, entre otros, deben tener claro que solo les servirán para un control interno de las empresas y el manejo de su caja, porque estos documentos irán perdiendo beneficios tributarios, lo cual es un ‘golpe’ a la competitividad al incidir directamente en las finanzas.

Es de resaltar que una factura física tiene un costo aproximado de $3.000, sin contar los gastos ocultos como servicio de mensajería, traslados de entrega y otros valores asociados. La implementación de la facturación electrónica representa un ahorro de 84%, teniendo en cuenta que, en promedio, esta cuesta $500, según las necesidades de cada empresa.

El país sigue dando pasos importantes en el incremento del recaudo de impuestos, según la DIAN, en septiembre se alcanzó una cifra de $17 billones, lo que representa aumento de 18,2%, en relación con el mismo período de 2018, cuando logró recolectar $15,1 billones.

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